El canal comunitario Barricada TV y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP, organización que lidera Juan Grabois) presentarán una denuncia judicial por los delitos de “estafa, defraudación y abuso de confianza” contra Arte y Radiotelevisión Argentina (ARTEAR), la empresa que opera los canales de televisión del oficialista Grupo Clarín, por considerar que la corporación mediática ocupa ilegalmente espacios públicos cedidos por la Ciudad de Buenos Aires.
La historia se remonta a tiempos de la dictadura militar, cuando al conglomerado de medios se le cedió “con cargo” el predio ubicado debajo de la Autopista 25 de Mayo (sobre la calle Lima y Cochabamba) donde hoy funcionan los estudios centrales y el estacionamiento de El Trece y la señal de cable TN, los arietes televisivos del oficialista Grupo Clarín. De acuerdo a la denuncia, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires le concedió “el uso gratuito del predio” por 28 años -privatización menemista de por medio- plazo que venció el pasado 4 de septiembre de 2006, cuando se extendió el permiso hasta 2009, ya con Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. Más tarde, una nueva prórroga mantuvo el uso del predio hasta el 29 de septiembre de 2014, fecha que quedó desdibujada por extensiones posteriores que se piden investigar.
Según la presentación judicial, el Grupo Clarín debía restituir el predio “libres de ocupantes y efectos sin oposición de terceros y en condiciones de buen uso, quedando las mejoras a favor del gobierno”. A su vez, se fijó un canon de $16.500 mensuales: monedas para el más poderoso conglomerado de medios del país. “Hasta el día de la fecha el predio sigue ocupado por ARTEAR, por lo tanto, hay falsedad de instrumento público ya que se asegura una rescisión contractual y entrega del inmueble que no existió ni existe al día de la fecha”, resalta la denuncia de Grabois y Barricada TV.
En diciembre del año anterior, los denunciantes encabezaron una protesta en el predio en reclamo de la inclusión del canal comunitario en la grilla de Cablevisión, también manejada por el Grupo Clarín. La seguridad privada de ARTEAR virtualmente “encerró” a los manifestantes e inició una causa judicial contra los que llevaron adelante la protesta.
La presentación resalta que “el Grupo Clarín está ocupando ilegalmente un predio de dominio público ubicado en una posición estratégica en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y, no solo eso, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que intervinieron en dichos actos están incurriendo en malversación de caudales públicos en los términos de los artículos 260 y 261 del código penal, puesto que dicho predio bajo autopista es propiedad de todos los porteños y porteñas.
No podemos dejar de señalar como un hecho de enorme gravedad que cuando el predio se cedió a la ex Municipalidad de Buenos Aires fue a través de una donación con cargo para que en ese lugar funcione una escuela lo que incluso podría impulsar otras acciones.
Más grave aún es que la empresa ARTEAR S.A. no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre lo que suceda en el predio ubicado en Lima 1261, puesto que en términos legales se encuentra en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir que la empresa obtiene los beneficios de usufructuar dicho predio, pero no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre el mismo, a diferencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene todas las obligaciones sobre el mismo, pero no puede ejercer ningún derecho.
Cabe destacar que los principios en derecho administrativo nos enseñan que los actos de las administraciones se presumen legítimos por lo tanto es de una gravedad mayúscula que la administración realice actos contrarios al plexo normativo.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al consentir, con su inacción, la ocupación ilegítima e ilegal por parte de Artear S.A del inmueble sito en Lima 1261 no sólo dispone irrazonablemente de los espacios públicos de la Ciudad y trata en forma desigual a los medios radicados en ella, estableciendo a unos las ventajas que a otros deniega; sino que, además, sobre la presunta e inexistente titularidad de ese derecho de uso del inmueble, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha imputado a periodistas y comunicadores sociales que se desempeñan en la Ciudad de Buenos Aires, la presunta comisión de contravenciones por su libre tránsito en dicho inmueble.
Así ocurrió el 17 de diciembre de 2018 cuando un colectivo de periodistas y comunicadores sociales de medios comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una protesta pacífica en el predio de Lima 1261. A pesar de que se manifestaron breve y pacificamente en un emplazamiento público, la Justicia porteña les inició un procedimiento contravencional como si hubieran usurpado la propiedad privada de Artear S.A. Ese acto, a todas luces, revela la necesidad de que el órgano jurisdiccional obligue al Gobierno de la Ciudad a establecer una finalidad pública para el uso de ese inmueble. Asimismo, la existencia de un proceso contravencional en marcha enfatiza la necesidad de un pronunciamiento cautelar.
El fondo de la protesta de diciembre era la inclusión de los canales comunitarios Barricada TV y PARES en las grillas de Cablevisión y Telecentro desconociendo conflictos y dejan de lado fuentes que no tienen espacio en los medios comerciales, eliminando de facto de la grilla a las expresiones del sector alternativo de la comunicación. La demanda de ingreso a la grilla del cable se suma a otras que afectan a los medios comunitarios en conjunto, en un escenario de enorme regresión en materia de derechos a la libertad de expresión. El gobierno excluye y discrimina a estas emisoras al convocar a un proceso de “normalización” al que sólo pueden acceder las radios comunitarias con un reconocimiento dado en 2006, dejando lado a las emisoras de nacimiento posterior a esa fecha.
La Justicia Criminal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires imputó a Juan Grabois, Natalia Vinelli, Tomás Eliaschev y otros referentes de los medios comunitarios criminalizando una protesta social por el artículo 58 del Código contravencional de la ciudad de Buenos Aires donde la fiscal Daniela Dupuy los acusa de ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión. a pesar de que, tal como se demuestra en la documentación firmada por ambas partes, se trataba de un terreno público en poder del gobierno de la Ciudad que en el caso de que quisiera aplicarse dicho artículo es el único que puede ejercer el derecho de admisión y, peor aún, al criminalizar este acto se está vulnerando el derecho a la protesta social y, al tratarse de medios comunitarios también se vulnera el derecho constitucional a la libertad de expresión. Todo esto al utilizar al Estado como garante de abusos de posiciones dominantes en detrimento del rol consuetudinario que debe ser el de mediar en los conflictos protegiendo a los más débiles en una pelea claramente desigual.
